MÉRIDA, YUCATÁN, 2 de marzo de 2026.- En rueda de prensa diversos colectivos informan a la ciudadanía de la poca eficacia de las autoridades ante los procesos jurídicos que libran en la defensa de los territorios mayas derivadas de acciones que dañan a la madre tierra y a sus pobladores.
Chablekal/Unión de Pobladores y Pobladoras:
Ha pasado casi un año desde que se deforestó ilegalmente el monte de Misnebalam, territorio que está en posesión material y formal de la Unión de Pobladores y Pobladoras de Chablekal. Frente a tal situación, presentamos denuncias ante autoridades como la PROFEPA, el INAH,y el Tribunal Unitario Agrario.
Sin embargo, a la presente fecha, tanto la PROFEPA como el INAH, no han realizado avances entorno a las investigaciones para dar con los responsables de dañar nuestro monte. Esto nos preocupa, porque son las autoridades competentes para que no quede impune el daño por deforestación y la pérdida de patrimonio cultural arqueológico.
Por su parte, ante al Tribunal Unitario Agrario (TUA 34) se presentó un incidente por incumplimiento de medidas precautorias en contra del Comisariado Ejidal de Chablekal, al incumplir la orden de respetar la posesión que la Unión de Pobladores y Pobladoras de Chablekal tiene sobre los montes de Misnebalam. Hasta hace tres semanas dicha autoridad judicial agraria comisionó a un actuario para acudir al espacio para constatar presencialmente la deforestación, sin que a la presente fecha el TUA haya decretado la vulneración a la medida cautelar por la deforestación.
Exigimos: Que el INAH y la PROFEPA no solo pongan sellos, sino que también proceda con las investigaciones correspondientes para señalar a los responsables del daño a los montes de Chablekal. al TUA del Distrito 34, que decrete lo más pronto la violación de las medidas precautorias.
Kinchil/Cantukún y el Consejo Maya del Poniente ChikinJa
Desde hace 13 años, integrantes del Colectivo Cantukún se enfrentan al despojo de su territorio por parte de la empresa Grupo Porcícola Mexicano, quien ilegalmente se adjudicó la tierra donde el colectivo realiza labores de subsistencia, como la apicultura. Frente a ello, presentaron una demanda agraria que no había podido avanzar por diversas obstaculizaciones, incluyendo las del propio Tribunal Unitario Agrario quien se ha negado a analizar los impactos socio ambientales del despojo generado por la empresa. Situación que vulnera los derechos del colectivo Cantukún, quienes han padecido y enfrentado los impactos interseccionales que impiden su acceso a la justicia. Asimismo, el TUA no ha podido contactar a todos los demandados que participaron en el despojo de tierras a Cantukún, optando por integrar a la empresa porcícola los derechos de los demandantes que no han sido encontrados, con ello vulnerando normas procesales que pone n en riesgo el análisis completo de la obtención ilegal de tierra por parte de la empresa.
Exigimos: Al Tribunal Agrario, no limitar su análisis a las vulneraciones agrarias por el despojo, sino también a garantizarla salvaguarda de los derechos socioambientales que se han visto afectados por la ocupación ilegal del territorio, pues en los terrenos en controversia se asientan naves porcícolas que han sido señaladas por ser contaminantes. Asimismo, que el tribunal respete los Derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la población maya para evitarla normalización de la desigualdad y asimetría de poder.
Norma Técnica Ambiental (Chapab y Kinchil)
La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán (SDS) y el Gobierno del Ex Gobernador Mauricio Vila crearon y publicaron en 2022, la Norma Técnica AmbientalNTA-SDS-001que regula la apertura, operación y abandono de granjas porcícolas en el Estado.
Ante la negativa de la SD Salas peticiones puntuales, se presentó un juicio de amparo ante un juzgado federal, mismo que fue declarado como “improcedente” bajo el argumento de que los habitantes no lograron probar que en sus comunidades existían instalaciones porcícolas y por tanto carecían de interés legítimo para acudir al amparo. Por esta razón, los colectivos presentaron un recurso de revisión y pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga su demanda.
A finales del año pasado, la SCJN respondió a la solicitud atrayendo el caso, y turnando el asunto a la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra, por lo cual ahora le tocará al máximo tribunal del país resolver si el gobierno de Yucatán debió consultar a las comunidades la emisión de dicha norma y si la misma debe contener consultas indígenas en los procesos de apertura, operación y abandono.
Exigimos: Que los ministros y ministras nos reciban, pues en los próximos meses acudiremos a la SCJN en la Ciudad de México, para hablar con ellos para defender nuestro argumento y buscar que resuelvan a favor de los derechos de las comunidades mayas. Asimismo, que la Corte se mantenga atenta a los
procesos por la defensa del territorio en la Península.
Ixil /Colectivo de comuneros y ejidatarios
Celebramos nuestro esfuerzo colectivo para que después de dos años de ilegales obstrucciones, por fin sea posible iniciar un juicio agrario que presentamos contra un acta de asamblea que privatiza más de 5 mil hectáreas de uso común. Este juicio no había podido empezar debido a actos dilatorios emprendidos por el Comisariado Ejidal, quien sin razón o explicación alguna, obstruye reiteradamente el proceso cambiando de abogado más de cinco veces de forma repentina o no acudiendo a las audiencias.
Tras diversas diligencias realizadas por el TUA 34, se declaró al Comisario “en rebeldía”, es decir, que perdió su derecho a contestar la demanda, dando pie a que se aperture el juicio.
Esto fue posible debido a que el Secretario del Comisariado Ejidal de Ixil, no asistió a una audiencia, “acreditando” su inasistencia con un justificante médico con sellos del DIF municipal de Ixil, quien con posterioridad señaló ante el Tribunal que desconoce haberlos efectuado.
Notamos que el Comisariado tiene vínculos familiares directos con personal de la institución, quien pudieron participar en las ilegalidades correspondientes para seguir perjudicando sin razón el avance del juicio. Asimismo, el Comisariado es acompañado y asesorado por la Fundación Yansa dirigido por Sergio Oceransky Losana en todo este proceso, pues así se deja ver en la diversidad de actos y manifestaciones públicas que realiza la organización, por lo que señalamos que dicha obstrucción a nuestro juicio proviene de la mala asesoría del mencionado y su fundación. No entendemos porqué si dicen defender el territorio, han obstruido más de dos años la apertura de un juicio frente a los intereses inmobiliarios-empresariales sin razón válida alguna.
Resultado de la mala asesoría al comisario y por las ilegalidades alas que ha incurrido, el TUA 34 pidió a la Fiscalía General de la República que inicie una investigación penal por la falsificación de sellos y demás documentos. Desconocemos los motivos por los cuales el comisariado y sus asesores han optado por obstaculizar este proceso, pareciendo que pretenden defender el cambio de destino de más de 5 mil hectáreas de tierras de uso común, pero sí podemos afirmar que los únicos beneficiados con esta obstaculización son los intereseempresarialeseinmobiliariosqueestándespojandocomunidadesen toda la Península.
Exigimos: al comisariado ejidal de ixil, a la Fundación Yansa y a Sergio Oceransky, que dejen de obstruir nuestro juicio de forma reiterada como lo han estado realizando desde hace dos años. así como garantizar que cesen acciones tendientes a la difamación constante con los habitantes de ixil que libremente han decidido presentar esta demanda y que también son defensores del territorio.
